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Por Daniela Estrada

IPS

En 1997, los entonces presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de Chile, y Carlos Menem, de Argentina, firmaron el Tratado de Integración y Complementariedad Minera, ratificado por los respectivos Congresos legislativos en 2000, que permite a inversionistas nacionales o extranjeros explorar y explotar los recursos mineros existentes en la frontera entre ambos países.

Pero, sin duda, el beneficiado con el acuerdo bilateral fue el proyecto Pascua Lama, de la empresa trasnacional de origen canadiense Barrick Gold Corporation, cuestionado mundialmente por su intención de remover tres glaciares que alimentan en el valle del Huasco, 660 kilómetros al norte de Santiago, varios sistemas de regadío para 70.000 pequeños productores agrícolas.

En Chile, el yacimiento está emplazado 150 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Vallenar, en la tercera región de Atacama, y en Argentina a 300 kilómetros al nororiente de la ciudad de San Juan, capital de la noroccidental provincia homónima.

El tratado es fuertemente criticado por organizaciones no gubernamentales como el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, el Comité de Defensa del Valle del Huasco, la Corporación de Defensa de la Soberanía y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Barrick Gold logró que Santiago y Buenos Aires firmaran el tratado, que permite la libre circulación de extranjeros en una zona limítrofe, luego de haber ejercido una gran presión en los años 90, señaló.

De igual forma, el Ministerio de Minería de Chile declinó hacer comentarios a IPS, arguyendo que el problema debe ser respondido por el gobierno electo de Michelle Bachelet, que asumirá el próximo 11 de marzo.

Por un lado, temen que la entrada en operación de yacimientos de cobre en la nación argentina genere una sobreproducción mundial del metal rojo, socavando las finanzas del Estado chileno.

"Creemos, además, que el tratado pone en riesgo la soberanía nacional, dado que crea un 'país virtual' en la zona delimitada por el pacto", dijo Alcayaga a IPS.

Hasta ahora, el Comité de Defensa y Recuperación del Cobre ha tratado por todos los medios de impedir la aplicación del acuerdo, apelando a parlamentarios y al Tribunal Constitucional (TC).

El TC también señaló que la Comisión Administradora del tratado no tiene facultades jurisdiccionales, por lo que la zona comprendida habría dejado de ser un "país virtual". Esto, a juicio de los activistas, haría inaplicable el convenio.

Portavoces del gobierno se mostraron sorprendidos y señalaron a IPS que no hay impedimentos legales para la explotación minera comprendida en el convenio binacional.

Como ejemplo, señaló que en la primera marcha contra la compañía se movilizaron 300 personas, en la segunda 2.500 y en la última participaron no más de 500 habitantes de Valle del Huasco.

Para los próximos días se esperan manifestaciones de protesta en varias ciudades para presionar a la Corema y a Bachelet, quien se comprometió en su campaña electoral a no permitir la remoción o destrucción de los glaciares del país, en alusión al proyecto Pascua Lama.

ARGENTINA:
Resurge la tradicional lucha por salarios

Por Marcela Valente

IPS

"Con la reactivación económica hay muchos más reclamos de recomposición salarial en el área pública y en la privada, pero esa conflictividad está restringida a la suspensión de actividades dentro del sector", explicó a IPS el abogado laboralista Alberto Robles, director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo.

No obstante, estos casos ocupan las primeras planas de los diarios y los titulares de medios electrónicos, no sólo porque implican un perjuicio a los usuarios de caminos sino porque en algunos de los casos las manifestaciones terminan en episodios violentos, como ocurrió esta semana en la austral provincia de Santa Cruz en el marco de un conflicto petrolero.

Una semana antes, los trabajadores de una fábrica de productos lácteos protagonizaron otro corte de ruta en reclamo del pago de sus sueldos, adeudados por la empresa desde octubre. La interrupción del intenso tránsito turístico del camino a balnearios en plena temporada estival y los choques con la policía también causaron gran impacto.

El experto consideró que, en lugar de apostar a su debilitamiento, el gobierno del centroizquierdista Néstor Kirchner debería apoyar todas las instancias institucionales que lleven al fortalecimiento de los sindicatos para evitar el ingreso a un período de "desorden laboral", que derive en nuevos hechos de violencia.

La mayoría de los trabajadores ocupados y contratados legalmente siguen apelando a la tradicional huelga en su lugar de trabajo, presionando directamente a sus empleadores para conseguir mejoras salariales.

La economía está en franco crecimiento desde 2003, cuando Argentina comienza a superar una de las peores crisis económica y financiera de su historia, que, entre otras cosas, puso a los trabajadores y a sus sindicatos en pie de lucha por conservar las fuentes laborales y sin fuerzas para reclamo salarial alguno ni de mejoras en las condiciones laborales.

También la pobreza, que alcanzó un récord histórico de 54 por ciento de los 38 millones de argentinos en medio de la crisis, se redujo en la actualidad a 34 por ciento.

Hoy cada dólar cuesta alrededor de tres pesos.

Muy otro es el caso de los empleados estatales, cuya mejora promedio fue de apenas 25 por ciento, mientras que los trabajadores informales fue de 30 por ciento.

Por ejemplo en la industria de la alimentación es de 1.700 pesos al mes (560 dólares), entre los obreros de la industria de automotores sube a 2.000 pesos, los camioneros ganan en promedio 2.500 pesos y los trabajadores petroleros tienen un piso salarial de 3.000 pesos (unos 1.000 dólares) mensuales.

Los maestros perciben un salario promedio de 650 pesos al mes (210 dólares) y los directores de escuela apenas 1.500 pesos, se indica a modo de ejemplo del rezago del trabajador del sector público respecto de sus colegas de la actividad privada.