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El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), creado a partir del Protocolo de Kyoto, es un incentivo para las empresas de los países industrializados para invertir en proyectos de reducción de carbono en países en vías de desarrollo.

Y como Canadá, Japón y las naciones de Europa occidental necesitarán créditos de hasta 3 mil 500 millones de toneladas de carbono en los años que restan hasta 2012, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los montos que impone el tratado, “Chile podría transformarse en un excelente candidato para establecer proyectos forestales de mitigación de los gases de efecto invernadero en un futuro cercano", señaló Roberto Ipinza, director del Instituto de Investigación Forestal de Chile, Infor-Minagri.

El director de Infor precisó que el objetivo de este mecanismo es contribuir a los países en vías de desarrollo a lograr un desarrollo sustentable, a través de incentivos para que los países industrializados inviertan en proyectos de reducción de gases de efecto invernadero eficientes.

De esta forma, el MDL permite a los gobiernos y empresas obtener Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) de gases de efecto invernadero que se pueden vender en el sistema internacional de comercio de derechos de emisión. Esto puede brindar buenas oportunidades de negocio a todas aquellas empresas que se dedican a las energías limpias y al cuidado y protección del medio ambiente, representando una importante oportunidad de negocios para nuestro sector forestal.

El Banco Mundial estima que se necesitarían unos 2 mil 500 proyectos por año, entre 2008 y 2012, para cumplir con las reducciones previstas por Kyoto. Para nuestro país, en su proceso de inserción y vinculación internacional resulta de vital interés una activa presencia y una sustancial actividad en todas las iniciativas referidas a estos fines.

“Por ello, dentro de las políticas públicas, en particular del Ministerio de Agricultura, se ha considerado prioritaria la participación y presentación de proyectos nacionales en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el cual los proyectos forestales están llamados a ocupar un relevante lugar. El desarrollo alcanzado por el sector, el conocimiento de los mercados, los avances científicos-tecnológicos, los recursos naturales y humanos disponibles, constituyen un potencial que, no sólo avala ésta participación, sino que además la demanda", concluyó Ipinza.

Fuente: El Mostrador

El triángulo de las celulosas

No salió humo blanco. La comisión binacional creada para destrabar el conflicto entre Uruguay y Argentina por la construcción de dos plantas de celulosa en la localidad uruguaya de Fray Bentos, fracasó. Las autoridades argentinas denunciarán a su vecino ante la Corte Internacional de La Haya, mientras los ambientalistas trasandinos siguen con los cortes de ruta en los pasos fronterizos y un parlamentario uruguayo pidió la mediación a Benedicto XVI. Esos son los capítulos de ayer en una polémica que está lejos de terminar y donde Chile tiene un lamentable protagonismo.

Los camiones chilenos que transportan material para la construcción de la planta de la firma finlandesa Botnia, detenidos por activistas argentinos en el puente internacional Paysandú-Colón que une a Uruguay con Argentina, sólo fueron actores de reparto. El papel protagónico fue para la planta Valdivia de Celco, convertida en una postal de contaminación y muerte. “En Valdivia hicieron lo mismo que se quiere hacer acá: mintieron. Le aseguraron a la población que no iba a haber impactos, ni olor, ni contaminación. Pero la realidad mostró otra cosa”, dice Ricardo Carrere, miembro de la ONG uruguaya Guayabira.

Así es. El desastre ecológico en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter y la masiva muerte de los cisnes de cuello negro son el caballo de batalla de los opositores a la construcción de las plantas de Ence y Botnia en Fray Bentos. De hecho, Greenpeace lanzó un spot televisivo con el oscuro historial de las papeleras que se centra en el caso Celco y amenaza que Fray Bentos podría ser un nuevo Valdivia. Y hace unos días, el grupo ambientalista uruguayo Guayubira entregó a distintos ministerios de ese país un documento que alertaba sobre el sistema de blanqueo que utilizarían las cuestionadas plantas de celulosa. Era nada menos que el Informe de Observaciones y Recomendaciones que los miembros de la comisión World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza), Clifton Curtis y Delmar Blasco entregaron después de verificar en terreno el desastre ecológico en la Décima Región.

Pero no sólo la planta de Valdivia tiene en la línea de fuego a Celulosa Arauco y Constitución. Alto Paraná S.A., una de las tres papeleras de la provincia argentina de Misiones y que pertenece a Celco, también está en la mira de los ambientalistas y cierra un círculo de terror de plantas de celulosa de la región.

CUATRO EPISODIOS

¿Qué tienen en común las futuras plantas de Botnia y Ence con la realidad chilena? Que la planta Valdivia -al igual que Alto Paraná S.A.- utiliza el sistema ECF (Elemental Chlorine Free) de blanqueo con dióxido de cloro, el mismo que presentaron las papeleras que se quieren instalar en Uruguay. Los ambientalistas uruguayos se colgaron del informe de la WWF para demostrar que el argumento de que ese sistema no contamina es falso.

“Además de ese documento, le pasamos al gobierno uruguayo los estudios sobre la carne de cisne de cuello negro muertos en Valdivia donde se demostró que tenías dioxinas”, cuenta Ricardo Carrere, quien además es técnico forestal y coordinador internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. “Pero el gobierno lo sigue negando. Los organismos oficiales encargados del monitoreo parten de la creencia, no del conocimiento científico, que este sistema no contamina. ¿Cómo puede ser que un gobierno se niegue a ver la realidad?”, insiste.

Mientras la polémica se enciende cada día, la construcción de la planta del grupo Botnia de Finlandia avanza a pie firme. “Está construyendo una enorme chimenea para dar señales de que no puede echar marcha atrás, porque hay un convenio entre Uruguay y Finlandia que obliga al Gobierno a proteger una inversión que ya está iniciada”, cuenta Carrere. Ese tratado es tan favorable a los intereses foráneos que, según contó el diputado Ricardo Castromán a una radio local, “si se concreta la construcción de la planta de celulosa por parte de Botnia, que pertenece al Estado finlandés, esa va a ser tierra finlandesa donde nadie va a tocar nada ni revisar nada”.

La papelera de Botnia está a escasos 4 kilómetros de Fray Bentos, ubicada a 300 km. al noroeste de Montevideo y con una población de 25 mil habitantes. Desde cualquier punto de la ciudad se puede apreciar la inmensa columna de humo que arroja la chimenea. La planta producirá al año un millón de toneladas de celulosa para exportar a Europa, China y Estados Unidos, para lo que necesitará diariamente 86 millones de litros de agua del río Uruguay, de los que el 80% vuelven al cauce. La cercanía de la planta con Fray Bentos preocupa a sus habitantes, más si el propio vocero de Botnia, Carlos Faroppa, admitió la posibilidad de que ocurran cuatro episodios de malos olores por año como consecuencia de fallas técnicas en la planta. “Podremos tener alguna falla en la planta y por eso, honestamente, lo decimos”, dijo.

Por su parte, la planta de Ence (Empresa Nacional de Celulosa de España) ya tiene luz verde para instalarse, e incluso su estudio de impacto ambiental tiene el visto bueno de las autoridades uruguayas. ¿Existe confianza científica en las autoridades uruguayas que aprobaron estos proyectos? Muy poca. “La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) no tiene recursos ni una historia seria de monitoreo ambiental”, cuenta Carrere. “La capacidad científica es mínima. En Uruguay no hay nadie que haya estudiado el tema de las dioxinas y se cree ciegamente en la palabra de las empresas. Ni siquiera le han pedido a Ence y Botnia que presenten estudios de emisiones de sus plantas en España y Finlandia”.

Carrere agrega que ambos proyectos fueron aprobados por la administración del ex Presidente Jorge Batlle y el Gobierno del actual mandatario, Tabaré Vázquez, “quiere dar señales hacia al exterior que aprueba la inversión extranjera y se ha puesto totalmente a favor”. Una decisión que le cabe en la cabeza a Miguel Anxo Fernández Lores, el alcalde de Pontevedra, ciudad española donde funciona una planta de Ence desde 1960.

“A la ciudad se la conoce por el olor a peste de la celulosa y las emanaciones aéreas producen lluvia ácida, problemas respiratorios y conjuntivitis”, expresó Fernández al diario argentino “Página 12”. “Se decía que la fábrica iba a resolver el problema de la desocupación y con esa excusa terminó por imponerse, recuerda, pero las ventajas que decían no son tales”. El alcalde argumenta que Ence sólo un 0,5% del empleo de Pontevedra, se perdieron puestos de trabajo en el sector del turismo y en la pesca, y “hasta el paisaje quedó arruinado con esa porquería”.

VERSUS

Con el piso político a favor en Uruguay, las plantas de celulosa sólo han encontrado luz roja de parte de los ecologistas. “En Uruguay la oposición es débil a nivel de organizaciones ambientales y prácticamente nula a nivel ciudadano”, comenta José Elosegui, periodista de la organización ecológica y social, REDES-Amigos de la Tierra. “Hemos realizado una campaña contra las plantas, principalmente a nivel mediático, que ha tenido escasa repercusión a nivel popular. Los medios de comunicación están poco interesados en conocer la ‘otra postura’”, se lamenta.

La realidad en Argentina es diferente. “El trabajo que ha realizado la gente en Gualeguaychú -ciudad trasandina más próxima a las plantas de celulosa ubicada a orillas del río Uruguay- autoconvocándose en la Asamblea Ciudadana Ambiental y realizando cortes de ruta multitudinarios, sirvió para que surgieran otras agrupaciones y se hicieran algunas movilizaciones populares incluso en Buenos Aires”, sigue Elosegui.

La prensa trasandina también entró en el debate e ironizó con las conclusiones de la consultora contratada por el Banco Mundial para medir el impacto ecológico, cuyo documento es el mayor respaldo a las plantas en Fray Bentos. “En él, y con el afán de demostrar que las fábricas no van a provocar daños en la margen argentino del río Uruguay, sus autores afirman cosas como que la calidad del aire de Gualeguaychú no se verá afectada porque ‘el viento va de la Argentina al Uruguay’. Esta simplificación, que ahorraría años de estudio a los meteorólogos, es complementada con otros datos equívocos (…) y una serie de traspiés reveladores de su pobreza científica”, se lee en “Página 12”.

El levantamiento de Gualeguaychú fue clave en la oposición ciudadana. Provocó que las autoridades locales se pusieran de su lado y hoy tengan en Jorge Busti, gobernador de Entre Ríos, un aliado político, pese a los cuestionamientos por propiciar la instalación de una papelera en la zona hace nueve años. Es más, fue el propio Busti quien la semana pasada y luego de una reunión en la Casa Rosada con el Presidente Néstor Kirchner, anunció la alternativa de llegar a la Corte de La Haya.

Pero como va el conflicto, no lo arregla ni el Papa.

Fuente: Lanación.cl